on 2013/8/5 13:57:01 (767 reads)
ALGO SOBRE INMUNIDAD PARLAMENTARIA
En las primeras monarquías, el poder residía en el rey, quien gobernaba, dictaba leyes y administraba justicia, a su leal saber y entender. Con el transcurso del tiempo, los monarcas fueron obligados a aceptar los parlamentos como una forma de detener el poder absoluto, dando origen a la separación de poderes y la búsqueda de independencia del poder legislativo, del ejecutivo y del judicial, con lo cual comenzaron a constituirse las monarquías parlamentarias.
Como se trataba de un freno al absoluto poder real, era frecuente que, cuando un parlamentario disentía de la voluntad real, el rey, sus “mujiquitas” se las ingeniaban para apartarlo de la función parlamentaria; para lo cual se valían de todo tipo de truculencias, incluyendo la falsificación de los elementos probatorios y testigos mendaces, para acusarlo de algún hecho delictivo y enviarlo a prisión.
Ante esas odiosas situaciones, hubo que establecer medidas de protección, y una de ellas fue que no podía enjuiciarse a un parlamentario si previamente el propio Parlamento no daba su autorización y, en caso de ser encausado, éste se llevara ante el Tribunal de mayor jerarquía.
Este sistema pasó a conocerse como inmunidad parlamentaria y privilegiaba a los miembros del Parlamento de las acciones arbitrarias de los monarcas y, con el tiempo y auge posterior a la independencia de los Estados Unidos y a la Revolución Francesa, las constituciones democráticas comenzaron a admitirla para los legisladores.
En la historia constitucional de Venezuela, la inmunidad parlamentaria ha sido reconocida tradicionalmente y los congresantes, diputados o senadores, han estado amparados por ella mientras cumplan sus funciones legislativas; y existen antecedentes de diputados que, en el pasado, fueron despojados de su privilegio.
En mayo de 1962, dos diputados al Congreso Nacional, abusando de la inmunidad parlamentaria, se unieron al Carupanazo, un alzamiento militar contra el gobierno constitucional de Rómulo Betancourt. Se trataba de los diputados Eloy Torres y Simón Sáez Mérida, militantes del Partido Comunista de Venezuela y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que colaboraban con las ilegales Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), movimiento armado financiado y dirigido por el gobierno cubano.
Controlada la insurrección, los dos congresantes fueron apresados cuando, con el susto en el cuerpo y vestimenta militar, intentaban huir en una embarcación rumbo a Trinidad y Tobago. De seguidas, el gobierno solicitó el enjuiciamiento de Torres y Sáez Mérida, y la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia declaró procedente el antejuicio de mérito y el Congreso los despojó de la inmunidad.
En 1976, los diputados Salom Meza Espinoza y Fortunato Herrera fueron objeto del despojo del retiro del fuero parlamentario y fueron enjuiciados por su presunta participación en el secuestro de un ejecutivo norteamericano, William Niehous, pero durante el juicio, fueron postulados nuevamente al congreso y, al resultar electos, recuperaron la inmunidad y cesó el proceso en su contra.
Esos hechos sucedieron durante la vigencia de la Constitución de 1961, y ahora, con la Constitución de 1999 ha ocurrido el discutido y polémico desvalijamiento de la prerrogativa del diputado Richard Mardo.
Por el bien nacional, ojalá no vuelvan a repetirse situaciones de esta naturaleza.
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