on 2011/6/6 14:19:41 (808 reads)
Lamentable, la reseña de los medios de comunicación, en cuanto a los sucesos acaecidos en la dependencia de capturas del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas CICPC en días pasados, donde dejaron de existir tres seres humanos que se encontraban privados de libertad.
Por ninguna razón, aun cuando el delito cometido fuese horrendo, se puede privar de la vida a ningún ser humano; empezando porque no existe la pena de muerte en Venezuela y ningún carcelero puede tomarse atribuciones que no le competen, ni que se encuentren previstas en la ley. Ya se ha dictado auto de detención a varios funcionarios de esa dependencia, según ha declarado Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, y se adelantan investigaciones para determinar las causas. Se ha ordenado una nueva autopsia a los cadáveres, y se rastrea en los centros de atención de salud, donde fueron trasladados desde los calabozos, antes de su deceso. También dan cuenta los medios de comunicación, sobre los negocios que se hacían con los privados de libertad, lo que se pagaba por estar en calabozos donde había televisión, teléfonos y visitas en horas no reglamentadas. Hechos que de ser comprobados, configuran un cuadro de corrupción mas, de nuestras policías y en el régimen penitenciario. Lo que no entendemos, es si todos los funcionarios de esa dependencia están implicados en las denuncias sobre matraca, corrupción, tráfico de influencias, sobornos y otros delitos, o por el contrario, la situación se refleja en algunos de ellos. ¿Los no implicados sabían lo que sucedía? De ser cierta la pregunta, también son culpables por el hecho de no denunciar los delitos que se cometían. El silencio los implica y el castigo debería ser igual. Hacía muchos años que no se denunciaba con tanta contundencia, delitos como la tortura, la cual aparece en este cuadro y lo narrado en los medios nos lleva a pensar, que existen funcionarios enfermos, que hacen como práctica común, la tortura para saciar sus instintos criminales. Hay un refrán popular que dice «no solamente es culpable el ciego, sino el que le da el garrote». Nos preguntamos si la jefatura inmediata desconocía estas prácticas. ¿Los mandos superiores que tienen la obligación de la supervisión, no sabían nada? Entiendo que existen Fiscales del Ministerio Público, designados para supervisar diariamente a los detenidos y conducir los expedientes. Estos Fiscales del Ministerio Público deben ser los garantes de los Derechos Humanos de sus detenidos. ¿Dónde estaban? Recordemos que el departamento de Capturas del CICPC, es una dependencia de depósito de quienes son aprendidos, ya sea por delitos cometidos en flagrancia, ciudadanos solicitados o delincuentes a las órdenes de los Tribunales de Justicia. No es posible que hoy tengamos que enterarnos, que en las cárceles del país, existen 38.000 presos pagando condena, a pesar de que la capacidad para albergar delincuentes no es mayor de 12.500 individuos; de igual manera, en estos calabozos del CICPC existe una población estimada en 350 retenidos, cuando su capacidad no alcanza a las 80 personas.
Contacto:
franciscodaboin2002@aipop.com.ve / www.aipop.com.ve Comisario José Francisco Daboín Lupi