on 2010/6/16 19:41:43 (6309 reads)

Cuando frente a una determinada situación que queremos corregir o mejorar la acción ejecutada no produce la respuesta esperada, se considera entonces que estamos en presencia de un problema. Para resolver un hecho de esta índole, antes de tomar cualquier iniciativa es necesario conocer y comprender a fondo el problema existente. ¿Por qué no se produjo la respuesta que esperábamos? Hay que saber cuáles son las causas generadoras del problema para poder actuar eficazmente sobre ellas y no tratar solo de atacar las consecuencias. Pretender solucionar la escasez y altos precios de los alimentos mediante acciones punitivas contra algunos de los eslabones de la cadena agroalimentaria, además de una profunda ignorancia acerca de la dinámica socioeconómica implícita en ella, pone de manifiesto una aviesa intención de mixtificar la realidad para eludir responsabilidades que solo competen al decisor público, con el agravante de utilizar el estímulo del odio social para encubrir las propias deficiencias. Anta la grave crisis alimentaria que afecta al país, los representantes del gobierno nacional responden agregando nuevas agresiones al sector productivo privado, es decir, agregando mas “leña al fuego”.

LA SEGURIDAD ALIMENTARIA ES LA CONSECUENCIA NATURAL DE UN SISTEMA AGROALIMENTARIO NACIONAL QUE FUNCIONE EFICIENTE Y ARMÓNICAMENTE.

La mejor garantía de la seguridad alimentaria en un país es la existencia de un clima de confianza, de armonía, de respeto y de seguridad integral, entre los diversos componentes del sistema agroalimentario nacional representado por todos los agentes o factores económicos, sociales, culturales e institucionales, involucrados en las distintas etapas que van desde la producción de alimentos hasta la fase del consumo final de los mismos, incluyendo los aspectos relativos a la provisión de insumos y la atención a la dinámica social agraria.

En este contexto podemos afirmar que sin paz social en el campo, sin solución a la injusticia social rural, sin respeto a las leyes y a los derechos de propiedad, sin seguridad física, patrimonial y social y, sin el convencimiento de que la actividad agroalimentaria debe ser un buen negocio para quienes participen en ella, no se logrará jamás la anhelada seguridad alimentaria de la nación.

El sector agroalimentario nacional, en su conjunto, tiene 11 años sometido al más irracional, irrespetuoso e inconstitucional trato por parte del Estado venezolano, que ha asumido como su principal política sectorial la destrucción de la iniciativa privada y la utilización de la venganza social como una política de Estado enmascarada bajo el eufemismo de la lucha por los pobres. Todo lo cual se ha traducido en una notoria disminución de la producción nacional de alimentos, acentuándose la dependencia externa y con ello la inseguridad alimentaria.

De acuerdo con los criterios de la FAO, la inseguridad alimentaria “puede deberse a la no disponibilidad de alimentos, al insuficiente poder adquisitivo, a la distribución inapropiada o al uso inadecuado de los alimentos en el hogar”. En el caso venezolano actual están presentes, o en proceso de desarrollo, por lo menos tres de los factores que tipifican una situación de inseguridad alimentaria. Es evidente que las dificultades en el acceso físico a los alimentos se deben a la insuficiente disponibilidad u oferta en el país, es decir, los alimentos no están en cantidades suficientes allí donde necesitan ser consumidos, a lo que se suma las limitaciones en la demanda por la reducción del poder adquisitivo de la población, y las dudas que generan la creciente estatización del sistema de distribución alimentaria.

EL CÍRCULO VICIOSO DE LA RESPUESTA OFICIAL: MÁS INTERVENCIONISMO Y MÁS ESTATIZACIÓN PARA PROFUNDIZAR LA CRISIS

La reacción del sector público frente al problema agroalimentario no ha podido ser peor: acentuar los factores generadores de la crisis. En efecto, lejos de cambiar el rumbo de las políticas que propiciaron la situación actual, el gobierno decidió radicalizar las medidas puestas en prácticas, tales como el desconocimiento de los derechos de propiedad, la acentuación del conflicto social, el control de precios y el control cambiario, la indiferencia ante la inseguridad de bienes y personas en el campo, el estímulo a las invasiones de fincas, la expropiación de agroindustrias y de cadenas de distribución de alimentos, la aplicación de medidas coercitivas contra empresarios y trabajadores, creación de más entes burocráticos e incremento del proceso inflacionario, e. o.

Por otra parte, el gobierno ha reiterado su disposición de destruir la institucionalidad y ha roto toda posibilidad de concertación y entendimiento con los actores sociales y políticos de la cadena agroalimentaria, al negarse sistemáticamente a conversar tanto con los representantes de los gremios sectoriales, como con los factores políticos y académicos vinculados a la actividad agrícola y alimentaria.

RECONSTRUIR EL SISTEMA AGROALIMENTARIO NACIONAL: UNA POLÍTICA DE ESTADO

Una de las tareas que corresponderá enfrentar al nuevo liderazgo nacional que deberá surgir con el rescate de la democracia, será sin duda la conformación de una vigorosa economía diversificada, que siendo competitiva pueda complementar a la economía petrolera, de modo que sea factible en el mediano plazo, eliminar las perversas características del dualismo económico, neutralizar los riesgos derivados de una excesiva especialización productiva, e impulsar un sostenido desarrollo socioeconómico eficiente, equitativo y sustentable.

En este contexto de una economía diversificada, tienen importancia fundamental las actividades agrícolas y agroindustrial, en razón de su papel en cuanto a:

§ Su contribución al abastecimiento interno de alimentos y materias primas.

§ La generación de empleo directo e indirecto.

§ Su potencial en la formación de valor agregado.

§ La ocupación racional de los espacios territoriales.

§ La inducción de nuevos balances demográficos

§ La preservación del medio ambiente, y

§ Sus impactos y efectos en la balanza de pagos, en el mercado de divisas y en los niveles de reservas internacionales, en virtud de las ventajas comparativas detectadas en los diversos rubros agrícolas vegetales y animales, piscícolas, forestales y en el desarrollo de los mercados correspondientes.

Dada la complejidad de las problemáticas agrícolas, de transformación agroindustrial, agrocomercial y alimentaria, se hace necesario contar con un nuevo enfoque, que con una visión integral e integradora adopte como un todo la realidad que constituye el Sistema Agroalimentario Nacional.

Esa nueva visión integrada de los subsistemas agrícolas, agroindustrial, agrocomercial y alimentario, deberá materializarse en lo que el Dr. Héctor Hernández Carabaño denominó un Gran Acuerdo Nacional, cuyo objetivo principal sería “concebir los fundamentos filosóficos, sociales, económicos, políticos, técnicos y de todo orden que serían necesarios para establecer una política de desarrollo agroalimentario y de seguridad alimentaria, que responda a plenitud a las exigencias de una Política de Estado, que garantice su desarrollo en el mediano y largo plazo”.

Para el logro de ese objetivo es necesaria la conformación de un amplio equipo de trabajo en el que participen, además de todos los integrantes del sistema agroalimentario, representantes de la sociedad civil organizada: trabajadores, partidos políticos, universidades, ONGs, Iglesia.

En tanto se logre ese Acuerdo Nacional, adelantamos los objetivos que en general se le asignan a la agricultura (entendida como concepto genérico que comprende la producción vegetal y animal, la pesca y el desarrollo forestal) y al sistema agroalimentario. Tales objetivos generales son:

q Satisfacción en el mediano plazo, de los requerimientos alimentarios de la población en términos de «suficiencias plenas con autonomía alta», lo cual exige que la producción interna cubra al menos el 74% de las necesidades agregadas de energía y nutrientes de la población.

q Aportes para abatir los niveles de inflación.

q Crecimiento sostenido de una agricultura eficiente, competitiva y sustentable, en función de sus ventajas comparativas.

q Contribución al logro de equilibrios en la balanza de pagos.

q Generación de empleo directo e indirecto.

q Apoyo al equilibrado poblamiento del país.

q Contribución a la erradicación de la pobreza

q Punto de partida de las transformaciones socioeconómicas que se esperan en el largo plazo, en el medio rural.