on 2011/3/14 16:50:32 (8602 reads)
El pasado 5 de marzo se celebró el Día Nacional del Campesino, conmemoración instituida mediante el Decreto Nº 257, dictado el 4 de marzo de 1970 por el entonces Presidente de la República, Dr. Rafael Caldera, con motivo de cumplirse al día siguiente los primeros 10 años de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria de 1960.
DÍA NACIONAL DEL CAMPESINO
51 años han transcurrido de aquel memorable momento en que se dieron cita en el Campo de Carabobo la más alta y amplia representación de los factores políticos, sociales, económicos, culturales y religiosos del país, para avalar con su presencia la firma del transcendental documento, calificado por el Presidente Betancourt como «la segunda acta de independencia de Venezuela». Fue en efecto la Ley de Reforma Agraria, un instrumento esencial para la consolidación del sistema democrático, apenas reinstalado dos años antes en el país. El liderazgo político de la época le asignó tal importancia a la Ley, que le dio prioridad a la misma por encima de la nueva Constitución aprobada un año después. El proceso de discusión, redacción y aprobación de la Ley de Reforma Agraria, constituyó el más elevado ejemplo de amplitud, concertación, tolerancia y diálogo político y social, de que se tuviera memoria en Venezuela. Representantes de las más disímiles corrientes de pensamiento y sectores sociales, integraron la Comisión Redactora del proyecto de Ley. Los nombres de Monseñor Rafael Arias Blanco, Víctor Giménez Landínez, Salvador de la Plaza, Ramón Quijada, Ildegar Pérez Segnini, Héctor Hernández Carabaño, Alonso Ojeda, Eduardo Mendoza y Domingo Maza Zavala, entre otros, quedarán por siempre grabados en la historia democrática del país, como el testimonio más contundente, de la participación auténticamente protagónica de la sociedad, fundamentada en el respeto y la civilidad que debe privar en las relaciones entre quienes no piensan igual. Como resultado, Venezuela pudo disfrutar de 40 años de paz social en el campo. Si bien es cierto que no se cumplieron con todas las metas trazadas, no menos cierto es que centenares de miles de campesinos pobres tuvieron acceso a la propiedad de la tierra, al uso de la tecnología, a los servicios de mecanización agrícola, a la educación, a la vivienda rural, al crédito agrícola. Se construyeron miles de kilómetros de vías de penetración agrícolas, escuelas, medicaturas rurales y sistemas de riego. Se redujo el analfabetismo. Se fundaron centenares de pequeños pueblos, como no sucedía desde la época colonial. Venezuela incrementó de forma significativa su producción de alimentos, llegándose a la autosuficiencia en muchos rubros, lo que posibilitó las exportaciones en varios de ellos. Se consolidó una importante clase media rural. Cuanta diferencia con lo ocurrido en el pasado reciente cuando se derogó dicho instrumento legal y se sustituyó por una nueva Ley de Tierras, elaborada por una burocracia prepotente, de manera inconsulta, sin tomar en cuenta a ninguno de los actores interesados y afectados. Contrariando el interés nacional y motivado por abyectos sentimientos de odio y venganza social, al amparo de la nueva Ley, se ha desarrollado un plan de destrucción del plantel agrícola y agroindustrial cuyos resultados no se han hecho esperar: importaciones masivas de alimentos, abandono de las unidades de producción, eliminación de empleos, incremento de la inseguridad, disminución de la calidad de vida rural, pérdida de la seguridad y la soberanía alimentaria. Bajo el falaz argumento de combatir al latifundio, el gobierno ha desconocido el derecho a la propiedad de la tierra a todos los productores nacionales. Si bien es cierto que el derecho de propiedad ha sufrido modificaciones que lo han llevado a dejar de ser un derecho absoluto, ilimitado y exclusivo, para dar paso a un derecho de carácter restringido, condicionado por el bien común de la sociedad, no menos cierto es que tal derecho no debe corresponder en exclusividad al Estado, ya que la función básica de la tierra, no es incompatible con un sistema de apropiación privada. En este sentido, recordamos la posición de la doctrina social católica, expresada por su Santidad el Papa León XIII en la Encíclica Rerum Novarun de 1891: «El haber dado Dios la tierra a todo linaje humano para que se use de ella y la disfrute, no se opone de manera alguna a la existencia de propiedades privadas»
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luishidalgop@aipop.com.ve / www.aipop.com.ve Luis Hidalgo Parisca