on 2010/9/11 14:29:49 (1342 reads)
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS PARA EL DESPEGUE AGRÍCOLA
Venezuela cuenta con abundantes recursos de suelos, agua y diversidad biológica para potenciar el desarrollo de su sector agroalimentario.
Al norte del Río Orinoco el país dispone de unos 35 millones de hectáreas potencialmente utilizables para el desarrollo agrícola, de esta superficie 7 millones han sido clasificadas como tierras arables, 18 millones para ser utilizadas como pastizales, y el resto con la posibilidad de emplearse en ambos sistemas productivos. Adicionalmente, también se dispone de una infraestructura para riego de 520.000 has, aún cuando gran parte de ella se encuentra deteriorada.
Esta cantidad de recursos no han sido aprovechados apropiadamente, debido a la carencia de un verdadero plan rector de desarrollo agrícola elaborado con la participación activa de todos los componentes públicos y sociales del sector agroalimentario, que esté insertado en una estrategia coherente y armónica de desarrollo nacional. En tal sentido, se plantea la conveniencia de diseñar una estrategia de acción a largo plazo del sector agroalimentario.
En materia de desarrollo económico y social, a la agricultura y al sistema agroalimentario en general se le pueden asignar diez (10) grandes objetivos sectoriales:
1. Satisfacer las necesidades alimentarias de la población en términos de “plena suficiencia con alta autonomía”, lo cual exige que la producción interna cubra no menos del 74% de los requerimientos agregados de energía y nutrientes de la demanda nacional.
2. Generar empleos directos e indirectos en todo el circuito agroalimentario
3. Contribuir a la reducción de los niveles de inflación
4. Inducir la existencia de nuevos balances demográficos en el país, promoviendo una ocupación más equilibrada del espacio territorial.
5. Reducir la pobreza rural
6. Lograr el crecimiento sostenido de la producción de alimentos fundamentado en una agricultura eficiente, competitiva y sustentable.
7. Optimizar los procesos de transformación y comercialización de productos agrícolas en beneficio de productores y consumidores
8. Intensificar y proteger el uso racional de los recursos naturales renovables
9. Mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de vida de la población rural
10. Mejorar la distribución y tenencia de la tierra
Para el logro de estos objetivos se hace necesaria la adopción de estrategias de reconversión y modernización del sector agroalimentario.
La reconversión agrícola no sólo se circunscribe a la sustitución de algunos rubros por otros más rentables, sino que atiende en un sentido más amplio a la modernización del sector, lo cual plantea definir los tipos de productores primarios y de producción, la organización del mercado y la apertura comercial.
Dentro de este contexto se deben ubicar las estrategias descritas a continuación:
1. La reinstitucionalización del sector público agroalimentario
Este proceso debe fundamentarse en la adecuación cualitativa de las instituciones a las exigencias del contexto, así como a las características de los sistemas y de los agentes vinculados a los problemas agrícolas, agroindustriales y agroalimentarios e, igualmente, a los procesos de descentralización, reestructuración y uso de la burocracia estrictamente necesaria.
La situación actual, que ha llevado a una dispersión y debilitamiento de todo el sistema hasta el punto de haber establecido una duplicidad de funciones entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Alimentación, cuya creación no se fundamentó en ningún tipo de estudio previo, sino que ha estado signada por la improvisación y el afán de colocar bajo control estatal a todo el sistema agroalimentario, además de incrementar la existencia de una amplia burocracia, solo ha contribuido a profundizar la desarticulación entre los distintos agentes sociales, económicos e institucionales que participan en los circuitos relacionados con las actividades de producción, transformación, servicios y consumo de alimentos, así como con las actividades conexas del sector agrícola (Transporte, manufactura de insumos, maquinaria, servicios, infraestructuras complementarias, etc.).
Se impone como una necesidad fundamental para el país, tanto el establecimiento de un solo ente rector de las políticas agrícolas y alimentarias, que adicionalmente también tenga las competencias para el tratamiento de los asuntos de tierras, del área agroindustrial, la silvicultura y el manejo de la economía agrícola internacional, como el fortalecimiento de los poderes regionales y municipales en ambas materias, transfiriendo a Gobernaciones y Alcaldías las competencias que correspondan en todo el circuito agroalimentario.
2. La readecuación del marco legal
Los cambios que se han introducido en el ámbito legal que rige las actividades agrícolas y alimentarias, al no estar sustentados en un diagnóstico profundo y objetivo de los problemas estructurales que afectan al sector, no solo no resolvieron ninguna de las situaciones existentes, sino que por el contrario agravaron los viejos problemas y entrabaron el desarrollo agrícola y el desarrollo rural sostenible.
Por esta razón, es necesario desmontar todo el andamiaje legal que se ha establecido en torno a las actividades agrícolas y alimentarias, y su sustitución por un nuevo marco regulatorio amparado en una Ley Orgánica de Desarrollo del Sector Agroalimentario, en donde este sector no siga siendo abordado exclusivamente como un espacio para resolver un problema de justicia social agraria, sino que sea asumido como un asunto de interés nacional, en donde además de la cuestión agraria, que seguirá manteniendo una atención especial, también se le asigne igual importancia a temas como la producción, transformación y comercialización de alimentos, la seguridad alimentaria, la conservación del medio ambiente, el combate a la pobreza y sus aportes a la economía del país. Esta Ley debe sustentar y, a la vez ser complementada, por una Política de Estado para el Desarrollo Territorial Rural y el Desarrollo Sostenible.
3. La formación de capital social
Entendido el capital social como “la capacidad de los individuos para asociarse o trabajar juntos, en grupos u organizaciones, para alcanzar objetivos comunes”, constituye una herramienta imprescindible para el fortalecimiento de la sociedad civil rural, de modo que ésta se convierta en el principal soporte, tanto de las actividades agro productivas y de desarrollo social, como de un sistema transparente y eficiente de gestión pública, ayude al combate a la pobreza rural, contribuya a la vigencia de la democracia y promueva el desarrollo con equidad e inclusión social. Por tanto deberá propiciarse la creación de un ambiente favorable al desarrollo de una cultura asociativa entre los agricultores, que estimule su organización corporativa para que se generen economías de escala y procesos de integración industrial, que posibiliten la construcción de una estructura agroindustrial alterna con la significativa participación accionaria de dichos agricultores, asociados con inversionistas nacionales y extranjeros
4. El estímulo a la conformación de un mercado que tienda a la libre competencia
Sin desestimar la presencia del Estado en la actividad económica, hasta donde sea necesario, por compartir el criterio de que “los mercados negros son aquellos donde está ausente el Estado”, el texto expresa el deseo de que la formación de los precios y en general las transacciones, respondan a condiciones tales, en la que la oferta y la demanda de bienes se ajusten a equilibrios ajenos al comportamiento de los monopolios y oligopolios. En el caso de la Venezuela actual se aprecia un desarrollo desproporcionado de empresas oligopólicas en el área agroindustrial, estatales y ahora en menor proporción privadas, en las que es frecuente observar prácticas de cartelización o de liderazgo de precios, administración de cupos para la adquisición de materias primas y condiciones unilaterales para la recepción de las mismas. Por consiguiente, es necesario que mediante una política de estímulo y apoyo a la agroindustria rural y a la microempresa de transformación se amplíe el plantel agroindustrial del país, para de ese modo facilitar la participación de los productores y obviar los resultados negativos de una baja densidad de valor en el acarreo de los productos.
5. CONFORMACIÓN DE UNA ESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL ALTERNA
En concordancia con el punto anterior, el gobierno nacional conjuntamente con los productores organizados, deberá promover el desarrollo de ventajas comparativas para un grupo de renglones que califiquen dentro de rigurosos criterios de selección; igualmente deberá ejecutar las infraestructuras físicas indispensables y acometer las mejoras institucionales y la adopción de aquellos mecanismos, que permitan en el menor plazo posible, ir ejecutando por parte de los productores e inversionistas privados, la red alterna de agroindustrias que se requieren no sólo para abastecer el mercado interno, sino fundamentalmente para concurrir a los mercados internacionales.
6. LA CONQUISTA DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES
Propósito irrenunciable de una estrategia de desarrollo nacional, debe ser el relacionado con la concurrencia permanente y competitiva al mercado mundial de los productos agrícolas y bienes agroindustriales originados en el país.
Venezuela tiene considerables ventajas comparativas y competitivas para expandir sus exportaciones agrícolas no tradicionales: sus recursos naturales, un clima tropical favorable, su estratégica localización en relación a los mercados de norte América y Europa, una aceptable infraestructura física, y un gran capital humano constituido por agricultores con experiencia y profesionales altamente calificados
Las ventajas derivadas de una agricultura especializada para las exportaciones, son evidentes en materia de generación de empleo, inducción a la distribución poblacional, creación de riqueza, formación de divisas y constitución de una vigorosa economía no petrolera.