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INFORMACIÓN VIERNES 6 de Agosto de 2010 – EL NUEVO PAÍS – Pág. 5
Advierte un comisario jubilado de la Disip
Militares no son para luchar con la delincuencia
Considera que una Ley de Desarme no solucio¬na el problema de inse¬guridad personal.
Por Jaime Granda
Por Jaime Granda
El comisario jubilado de la Disip, quien fue el último director de Protección Ci¬vil de la Gobernación de Caracas, Francisco Daboín, comparte la preocu¬pación de muchos vene¬zolanos por la creciente inseguridad personal.
Su experiencia lo lleva a plantear que parece que la lucha contra la delin¬cuencia en este gobierno es planificada por militares y eso sólo garantiza el fra¬caso de la misma.
Enfatiza que «nadie pue¬de planificar y obtener re¬sultados en algo que no conoce. Las cárceles del país están saturadas, su cupo no pasa de 14.500 personas, y tienen actual¬mente sobre los 42.000 procesados y penados».
Acepta hablar del tema al ver que en 11 años de este gobierno han anun¬ciado 15 planes de seguridad ciudadana sin resulta¬dos positivos, 14 ciudada¬nos han ocupado el cargo de Ministro del Interior y Justicia, han aumentado el número de efectivos poli¬ciales y han creado nuevas policías.
Este gobierno ha incor¬porado a labores de patrullaje a la institución de lu¬cha contra las drogas, a la Guardia Nacional, la poli¬cía militar, el CICPC, o policía científica, apartándolas de sus misiones fun-damentales. Desarmar no es la vía
El comisario Francisco Daboín tampoco está de acuerdo con los candida¬tos a curules en la Asam¬blea Nacional que plantean una Ley de Desarme como solución a la alta y crecien¬te inseguridad personal.
Daboín piensa que no es una oferta electoral creí¬ble. Se han lanzado por esta vía, aprovechando el estado de inseguridad que reina en la nación, pero están equivocados. Una ley mal concebida afectará a ciudadanos honestos que
cumplen con todos los re¬quisitos que demanda la Dirección de Armamento de las Fuerzas Armadas para poder tener y portar un arma de fuego.
Plantea que «para el pesquisaje de tipo crimi¬nal, como policía, me inte¬resa, no el numero de ar¬mas que tenga un ciuda¬dano, sino que las mismas estén registradas con su prueba balística, que el in-dividuo posea el respecti¬vo permiso de porte y sa¬ber dónde hacer un están¬dar de comparación».
Revela que menos del 1% de las armas con per¬miso aparecen en hechos delictivos, pero sí apare¬cen las armas que han sido robadas en armerías, en residencias de oficiales de las FFAA, en compañías de seguridad y las que pro¬vienen, según reseñan medios de comunicación, del parque de los batallo-nes que han sido cambia¬das por droga.
Agrega que no hay que olvidar la vieja costumbre de los partidos políticos que arman a su militancia para la defensa de sus
ideas, más los grupos irre¬gulares como los del 23 de Enero, que mantienen ar¬mas de guerra. En Cara¬cas, un alcalde repartió armamentos durante la cri¬sis de 2002.
Prosigue indicando que estos armamentos, en los cerros y en los barrios, no son legales, nunca los han permisado ni los permisarán, con ellos se cometen muchos crímenes.
Considera que si la Po¬licía fuese reforzada, equi¬pada, y misionada en este sentido, bajarían enorme-mente los índices de cri¬minalidad, pero deja claro que el equipamiento de los cuerpos de policía es defi¬ciente, los sueldos son malos, no hay uniformes, armamento, municiones, los seguros de vida no exis¬ten y los demás seguros son deficientes; no hay asistencia médica, menos medicinas. Con este cua¬dro, bajar el índice de criminalidad es imposible, amén de que los policías también son choros, se¬gún lo expresó el propio Ministro del Interior y Justicia Tareck El Aissam