on 2012/4/16 11:17:50 (525 reads)
PRESOS POLÍTICOS E INSEGURIDAD
El problema de los presos, exiliados y perseguidos por razones políticas, es considerado por muchos como un asunto exclusivamente de derechos humanos; sin embargo, la repercusión va mucho más allá, y afecta la vida de todos nosotros de manera insospechada.
El uso del sistema judicial y de los cuerpos de seguridad para perseguir opositores destruye los mecanismos que protegen a la sociedad del crimen; porque si se le exige a un juez o a un policía que viole la ley para encarcelar a un ciudadano inocente, sólo por disentir del gobierno, no se le puede pedir luego que imparta justicia con honestidad y rectitud. En los casos de presos políticos la simulación de crímenes y montajes judiciales es un patrón que se repite.
En mi caso particular, he reflexionado innumerables veces sobre aquel fatídico 12 de julio del año 2010, cuando una legión de policías del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), apertrechados con armas largas, irrumpieron en nuestra casa para llevarse preso a mi esposo, el disidente político Alejandro Peña Esclusa. Los funcionarios sembraron explosivos en el escritorio de mi hija de siete años y simularon el crimen de ocultamiento de explosivos para justificar sus acciones.
Cuando se politiza la justicia y los cuerpos policiales, se crea un monstruo de mil cabezas, que a todos nos devora, incluyendo a los chavistas. No es de extrañar, pues, que en numerosos casos de asesinatos, secuestros, robos y atracos, salgan a relucir como responsables funcionarios policiales activos o retirados. En las últimas semanas destaca el caso del asesinato a manos de funcionarios del CICPC de la hija del cónsul de Chile en Maracaibo.
A pesar de que el ministro Tarek El Aissami expresó su compromiso de encargarse personalmente de que éstos funcionarios fueran pasados a juicio, es evidente que las altas autoridades del gobierno tampoco pueden resolver el problema. Porque mientras el gobierno continúe corrompiendo a los policías, al obligarlos a cometer crímenes en favor de los intereses de la revolución; después no puede exigirles que dejen de cometer delitos en su propio provecho.
Las consecuencias están a la vista, las cifras presentadas en marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la directora de COFAVIC Liliana Ortega son contundentes: 7.143 ciudadanos perdieron sus vidas a manos de agentes policiales bajo la modalidad de presuntos enfrentamientos con la autoridad o ajusticiamientos. También señaló las cifras suministradas por el Ministerio Público a finales del año pasado, cuando reconoció que estaba investigando 6.330 casos de «ejecuciones extrajudiciales» cometidos en el país entre el año 2000 hasta octubre de 2007.
Por eso, luchar por la libertad de los presos políticos y por la independencia del sistema judicial y la depuración de los cuerpos de seguridad del Estado es una prioridad de todos los venezolanos.
Todos deseamos un mejor vivir y eso pasa por la seguridad jurídica, la seguridad personal y el pleno respeto a nuestros derechos humanos y libertades políticas, así como la libertad de emprendimiento.
Indira Ramírez