on 2010/7/26 3:29:24 (736 reads)
VIVIENDAS EN ALQUILER
Un aspecto sumamente importante a considerar en una adecuada Política de Vivienda es indudablemente el establecimiento de una normativa legal que fomente y estimule la construcción de viviendas para alquilar y que a su vez ofrezca efectiva protección a los inquilinos.
Existen muchas personas y familias que por muchos motivos y condiciones no requieren ni necesitan acceder a la compra de una vivienda propia. Estos requieren buscar en el mercado de las viviendas o habitaciones de alquiler encontrando serias dificultades para acceder a estas.
En efecto, este tema presenta dos realidades diferentes y opuestas pero ambas altamente negativas
Por un lado, los promotores y constructores de vivienda lejos de tener incentivos, facilidades y expectativas en la ejecución de viviendas para alquilar, se encuentran con una serie de leyes, normas y ejecutorias oficiales que lo desestimulan a invertir en este rubro.
1.- Regulación de cánones de alquiler realmente absurdos (hay casos en los cuales los gastos de mantenimiento de un edificio son superiores a los pagos recaudados de los inquilinos)
2.- Leyes y normas de Inquilinato que protegen exageradamente al inquilino, sin reconocer los derechos del arrendador, al punto de hacer peligrar sus derechos legales sobre los inmuebles de su propiedad.
Cuando se expresa que con el pago del alquiler de cierto número de años se considera pagado el inmueble y que pertenece al arrendatario, se comete el mismo error que si dijésemos que un banco al pagarnos cierta cantidad de intereses por un depósito a plazo, considere que ya nos reembolsó dicho depósito y que nada nos adeuda.
Paralelamente y debido a esa realidad, La oferta real de viviendas de este tipo se presenta como inexistente y ésta escasez origina un mercado no regulado con unas condiciones que encarecen a niveles prohibitivos los cánones de arrendamiento. (El alquiler de un rancho o una habitación o pieza en la ciudad de Caracas ha alcanzado niveles exageradamente altos)
Esto origina una dualidad perversa en la cual mientras unas personas pagan sumas injustas y ridículamente bajas por el alquiler de su vivienda, otras se ven obligadas a trabajar casi para cubrir el pago de sus residencias. Esta situación no favorece a nadie ni genera crecimiento económico ni generación de empleos (la industria de la construcción es la que genera mayor número de empleos a todos los niveles)
Es por esta realidad que se considera la gran e imperante necesidad de establecer Políticas Públicas que a la vez de proteger los derechos de los inquilinos, estimule y promueva la generación de programas de construcción de viviendas para alquilar, favoreciendo así como consecuencia, el beneficio añadido de mitigar la problemática de la vivienda en general.